El sector público reconoce encontrarse ante el colapso de sus centralitas y servicios de atención telefónica, con grandes dificultades para afrontar el problema, y desesperado por encontrar una solución.
Ante esta situación podemos decir que el derecho a acceder a la administración digital no se está garantizando del todo cuando incluye la atención telefónica y ésta colapsa.